Gilberto Guzmán
La Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Guerrero se encuentra analizando una iniciativa de reforma legal que busca establecer la obligatoriedad de realizar la ceremonia oficial del Día de la Bandera en la ciudad de Iguala de la Independencia. El objetivo de esta propuesta es fortalecer la identidad nacional y reconocer formalmente el carácter histórico de dicha ciudad como cuna del lábaro patrio.
La iniciativa, presentada originalmente por la diputada Araceli Ocampo Manzanares y respaldada por la diputada Luisanna Ramos Pineda, propone adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Con esta modificación, se busca institucionalizar jurídicamente el origen territorial de la bandera y asegurar la presencia de los titulares de los tres poderes, tanto estatales como federales, cada 24 de febrero en el municipio guerrerense.
Durante su intervención, la diputada Ramos Pineda destacó que la bandera representa el vínculo que convierte la diversidad en unidad. Subrayó que Iguala es el espacio donde la nación tomó forma en 1821, cuando insurgentes y realistas lograron una reconciliación para construir un proyecto común.
“Nuestra bandera ha sido el punto de encuentro de esa imaginación colectiva. Es el símbolo que nos permite sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos”, señaló la legisladora.
A pesar de que la legislación vigente ya reconoce el 24 de febrero como una fecha conmemorativa, los proponentes argumentan que existe un vacío jurídico respecto al reconocimiento de Iguala. Los puntos clave de la propuesta son: formalizar a Iguala como la “Cuna de la Bandera Nacional” dentro del marco legal federal; establecer por ley la realización de la ceremonia oficial en el lugar donde se confeccionó y alzó por primera vez la bandera Trigarante; y asegurar la asistencia de los representantes de los Poderes de la Unión y del Estado de Guerrero.
Actualmente, el dictamen permanece bajo revisión en la Comisión de Cultura, donde se determinará su viabilidad para ser sometido a votación ante el pleno.