Gilberto Guzmán
La diputada Erika Lührs Cortés, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Congreso de Guerrero una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. La propuesta busca la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación y Atención Integral de Delitos Cometidos contra Personas de la Diversidad Sexual y de Género, con el fin de establecer mecanismos institucionales que respondan a la violencia específica que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ en la entidad.
Durante su exposición en tribuna, la legisladora argumentó que la violencia hacia este sector de la población constituye una problemática crítica, caracterizada por crímenes de odio con altos niveles de crueldad y una persistente impunidad. Lührs Cortés subrayó que, aunque el artículo 1° de la Constitución obliga al Estado a garantizar la protección de los derechos humanos sin discriminación, las condiciones estructurales actuales limitan significativamente el acceso a la justicia para las personas de la diversidad sexual, particularmente en el caso de las mujeres transexuales.
Para contextualizar la urgencia de la medida, la diputada refirió casos que han causado conmoción social, como el asesinato del activista Quetzalcóatl N en las inmediaciones del ex Palacio de Gobierno en Chilpancingo, y el homicidio del estilista Joshua N en Acapulco. La legisladora señaló que la brutalidad de estos hechos y la ausencia de detenciones reflejan la insuficiencia de los modelos tradicionales de investigación, los cuales carecen a menudo de la sensibilidad necesaria para identificar factores de discriminación y violencia estructural.
Lührs Cortés destacó que México se posiciona como el segundo país con más crímenes contra personas de la diversidad sexual en América Latina, mientras que en Guerrero se han contabilizado más de 163 asesinatos en las últimas dos décadas. Asimismo, expuso que existe un subregistro considerable de agresiones debido a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, ya que muchas víctimas temen ser revictimizadas o ignoradas por el personal del Ministerio Público al intentar denunciar actos de intimidación o violencia.
La propuesta plantea que la nueva fiscalía cuente con personal capacitado y especializado que brinde un acompañamiento real a las víctimas y sus familias. De acuerdo con el proyecto, la operatividad de esta instancia permitiría no solo combatir la impunidad y fortalecer las capacidades técnicas de los agentes ministeriales, sino también generar estadísticas confiables que ayuden a dimensionar y prevenir este fenómeno delictivo.
Finalmente, la diputada hizo un llamado al pleno del Congreso para respaldar la iniciativa, enfatizando que la creación de este organismo es un paso necesario para recuperar la confianza en las instituciones de procuración de justicia. El proyecto busca garantizar que el derecho a la justicia sea efectivo y que los delitos motivados por prejuicios de género u orientación sexual reciban un tratamiento jurídico adecuado y digno en el estado de Guerrero.