Gilberto Guzmán
Con el objetivo de blindar el ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas en el estado, la diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 84 ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres a formalizar la estructura y operación de sus órganos de control.
La propuesta busca que las administraciones municipales elaboren, actualicen y, de manera crucial, difundan a través de medios digitales el Reglamento Interno de sus Órganos de Control Interno (Contralorías). Según la legisladora, esto es fundamental para garantizar que el actuar de dichas oficinas se rija por los principios de eficiencia, objetividad e imparcialidad.
Durante su exposición en tribuna en la sesión de la Comisión Permanente, Ramos Pineda subrayó que la transparencia no es una opción, sino una obligación establecida tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley Orgánica del Municipio Libre.
“Publicar los reglamentos internos no es una concesión, sino una obligación legal y ética que brinda certeza a los servidores públicos y genera confianza en la ciudadanía”, afirmó la diputada.
La legisladora enfatizó que para que las contralorías municipales puedan ejercer sus funciones de auditoría y sanción con certeza jurídica, deben contar con normativas vigentes y armonizadas con la Ley de Transparencia estatal.
La iniciativa pone un fuerte énfasis en el concepto de “Gobierno Abierto”. Ramos Pineda argumentó que la fiscalización no debe verse únicamente como un trámite administrativo, sino como un derecho de los ciudadanos a saber que cada peso público es vigilado y auditado conforme a la ley.
Los puntos clave del exhorto incluyen la actualización normativa, mediante la creación o renovación de manuales de operación y procedimientos; la digitalización, que establece la obligación de publicar los reglamentos en portales electrónicos; y la independencia, orientada a fortalecer la autonomía de las contralorías para que actúen con mayor credibilidad.
El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación, y de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictaminación.