Gilberto Guzmán
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de otorgarle la atribución de crear y administrar un registro oficial de niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad tras el feminicidio u homicidio de sus madres o cuidadoras.
En su exposición de motivos durante la sesión de este miércoles, la legisladora señaló que el feminicidio constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, generando consecuencias colaterales que permanecen insuficientemente atendidas. Explicó que los menores afectados son víctimas indirectas cuya situación implica la ruptura del núcleo familiar y desencadena vulneraciones fundamentales, tales como afectaciones psicológicas profundas, riesgo de abandono, interrupción educativa y una mayor exposición a la revictimización.
Mosso Hernández subrayó que el marco constitucional y convencional impone al Estado una obligación reforzada de protección. Al respecto, recordó que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el deber de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, destacó que el artículo cuarto constitucional reconoce el interés superior de la niñez como principio rector de todas las decisiones y actuaciones del Estado.
La iniciativa contempla reformar el artículo 30 Bis 3 de la Ley Orgánica número 500 para establecer que dicho registro se integre a la estadística criminal y victimal del estado. La legisladora advirtió que la ausencia de datos oficiales genera un problema de “invisibilidad institucional” que impide al Estado diseñar políticas públicas focalizadas y coordinar acciones de protección entre las instancias de procuración de justicia, asistencia social, salud y educación.
Además de fundamentar su propuesta en la Carta Magna, la diputada hizo referencia a tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño. Afirmó que esta medida permitirá identificar patrones territoriales y factores estructurales de riesgo, convirtiéndose en una herramienta estratégica para la reparación del daño y la restitución integral de los derechos de la infancia bajo un enfoque de género.
La propuesta busca adicionar una fracción específica a las atribuciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Con esto, el Congreso de Guerrero inicia el proceso para evaluar la viabilidad de un padrón que busca colocar en el centro de la acción pública a quienes sufren las consecuencias más profundas de la violencia feminicida en la entidad. La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.