Gilberto Guzmán
En medio de la creciente exigencia social por fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a la violencia sexual, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado presentó una iniciativa para ampliar la definición del delito de abuso sexual y aumentar las sanciones aplicables en Guerrero.
La reforma fue impulsada por las diputadas Leticia Mosso Hernández, Araceli Ocampo Manzanares, Obdulia Naranjo Cabrera, Gloria Citlali Calixto Jiménez y María del Pilar Vadillo Ruiz, quienes argumentaron que el marco penal vigente resulta insuficiente para garantizar la libertad y autonomía sexual, especialmente de los grupos históricamente vulnerados.
Las legisladoras destacaron que esta propuesta busca no solo la reparación del daño individual, sino también generar un efecto preventivo y simbólico, reafirmando que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una vida libre de violencias.
La iniciativa retoma los lineamientos de la reforma al artículo 4º constitucional aprobada en 2024, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reforzó el compromiso nacional con la igualdad sustantiva y la protección reforzada de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Con ello, Guerrero busca armonizar su legislación penal con los estándares federales e internacionales en materia de derechos humanos.
Las diputadas señalaron que el cambio responde a un deber jurídico, político y ético del Estado para actualizar su marco legal frente a las violencias estructurales y sistemáticas que persisten en el país.
La iniciativa plantea modificar el artículo 180 y el segundo párrafo del artículo 182 del Código Penal estatal. Bajo la propuesta, cometería abuso sexual quien, sin consentimiento y sin intención de llegar a la cópula, realice cualquier acto de naturaleza sexual sobre la víctima, la obligue a observarlo o a ejecutarlo sobre sí, sobre un tercero o sobre la persona agresora.
También se consideraría abuso sexual obligar a la víctima a exhibir su cuerpo, y se establece que el delito se perseguirá de oficio.
Se propone imponer penas de tres a siete años de prisión, además de una multa de 200 a 500 UMA, y la obligatoriedad de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género o realizar servicio social en favor del Estado o instituciones públicas, con la finalidad de promover medidas de no repetición.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
Dictámenes aprobados
Durante la sesión de este martes, el Congreso aprobó además la adición del artículo 31 Bis a la Ley 495 del Registro Civil, con la finalidad de resolver problemas administrativos derivados de la creación de nuevos municipios y garantizar la adecuada entrega de los libros registrales. Esta propuesta fue presentada por la diputada Gladys Cortés Genchi y fundamentada por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia.
Asimismo, se emitió un exhorto a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional para que en el Presupuesto 2026 incluya recursos destinados al Poder Judicial, orientados a realizar adecuaciones estructurales, procesos de capacitación y acciones relacionadas con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este dictamen fue fundamentado igualmente por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano y deriva de una propuesta de la diputada Erika Lorena Lührs Cortés.
Recuerdan legado histórico de Lucio Cabañas
En la sesión también se recordó el 51 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos. La diputada Diana Bernabé Vega destacó el legado histórico del líder social y su influencia en los movimientos populares de Guerrero, llamando a mantener viva su memoria.
Sobre el mismo tema intervinieron las diputadas Araceli Ocampo Manzanares, Erika Isabel Guillén Román y el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quienes subrayaron la trascendencia del maestro Cabañas en la vida política y social del estado.
Con estas iniciativas y posicionamientos, el Congreso de Guerrero continúa un debate clave sobre justicia, igualdad de género y memoria histórica, en un momento en que la exigencia ciudadana por un Estado más protector, eficaz y transparente sigue en aumento.