Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó este martes dos dictámenes con los que exhorta a distintas autoridades a reforzar la protección de datos personales de víctimas de violencia y a agilizar las investigaciones de feminicidios y homicidios cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El primer dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Justicia a partir de una propuesta de la diputada Claudia Sierra Pérez, pide a los ayuntamientos del estado coordinarse con las autoridades estatales para capacitar a servidores públicos en materia de protección de datos, particularmente aquellos relacionados con víctimas de violencia.
Las comisiones destacaron que la protección de los datos personales es un derecho fundamental cuya violación puede derivar en exposición pública, revictimización o riesgos graves para la seguridad física y emocional de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Al presentar el dictamen, la diputada Leticia Mosso Hernández subrayó que la información sensible de las víctimas requiere un manejo estricto que incluya protocolos de seguridad, capacitación especializada para el personal y mecanismos claros de supervisión y sanción. Señaló que la responsabilidad recae en todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas, desde dependencias municipales hasta instancias estatales.
El segundo dictamen, también emanado de las Comisiones Unidas y propuesto por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, exhorta a la Fiscalía General del Estado a acelerar las investigaciones de feminicidios y homicidios contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Además, la Fiscalía deberá remitir al Congreso un informe estadístico con el estado procesal de estos delitos en un plazo de 15 días.
El documento también hace un llamado a la Secretaría de la Mujer para brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento a familias víctimas de feminicidio, homicidio y casos vinculados a embarazos en niñas y adolescentes, e informar igualmente al Poder Legislativo sobre las acciones implementadas.
Finalmente, el Congreso exhortó a los 84 ayuntamientos, al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, así como a instituciones del sector salud —incluida la coordinación estatal del IMSS-Bienestar— a reportar todos los casos de embarazo en niñas y adolescentes, y a establecer protocolos de atención, bases de datos y catálogos de servicios que garanticen la protección integral de sus derechos durante el embarazo, parto y puerperio.