Gilberto Guzmán
La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) cuestionó al secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, por evadir la responsabilidad histórica de la deuda estatal, los retrasos en las aportaciones a la Secretaría de Salud y la inaceptable devolución de recursos federales en un estado con alta marginación como Guerrero.
Durante su comparecencia por la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la legisladora reclamó al funcionario que la administración estatal siga recurriendo a la estrategia de “buscar culpar el pasado en lugar de atender problemas”.
La legisladora del PRI centró su crítica en tres grandes temas: la histórica deuda laboral, el cumplimiento de compromisos con el sector salud bajo el esquema IMSS-Bienestar y la alta dependencia financiera de la federación.
Acusó al gobierno de no asumir su responsabilidad en la deuda histórica con instituciones como el ISSSTE, FOVISSSTE y Pensiones Guerrero, como sí lo hicieron administraciones anteriores, por tratarse de deuda institucional, y recordó que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional en deuda del ISSSTE y el primer lugar en deuda de FOVISSSTE, omisión que ha afectado a miles de trabajadores que no pueden obtener las escrituras de sus viviendas.
En respuesta, Raymundo Segura reconoció que se trata de una “deuda institucional” que, si bien no corresponde únicamente a su administración, está siendo atendida “parcialmente” con los recursos disponibles y desglosó las cifras de los pasivos al cierre de septiembre: 1,560 millones de pesos de adeudo con el Servicio de Administración Tributaria, 2,127.5 millones con el ISSSTE y 1,137 millones de pesos con el FOVISSSTE.
Pero dijo que es “imposible” que la totalidad de la deuda se atienda en una sola administración, aunque aseguró que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda está haciendo el “mejor esfuerzo”.
La diputada también criticó el manejo de los recursos destinados al sector salud en el marco del convenio con el IMSS-Bienestar. Recordó que el Congreso autorizó 1,580.6 millones de pesos para la aportación líquida estatal en 2024, y 2,071.2 millones de pesos para 2025, y que a pesar de esta aprobación los pagos a trabajadores de base y de contrato de la Secretaría de Salud se realizan “al límite de las quincenas” o con retrasos en las prestaciones, lo que requiere su intervención como dirigente sindical para que se liberen los recursos.
Beatriz Vélez exigió al secretario informar sobre el avance de los recursos transferidos a la Secretaría de Salud, si tales avances están acordes al calendario de ministraciones del convenio IMSS-Bienestar, y si es que hay incumplimiento conocer la razón del retraso y las fechas exactas de entrega para que la Secretaría de Salud cumpla con sus obligaciones salariales.
Ante la respuesta del secretario de que el IMSS-Bienestar solo reconoce salarios ordinarios y que el Estado debe aportar bonos y prestaciones extraordinarias, la diputada cuestionó: “Si no se puede cumplir… ¿por qué firmaron un convenio de transición que ahorca a los estados y que afecta la salud de miles de guerrerenses y mexicanos?”
En otra parte de su intervención, la también presidenta de la Comisión legislativa de Salud lanzó críticas a la dependencia fiscal y la opacidad en la ejecución del gasto estatal, calificó de “alarmante” la dependencia fiscal de Guerrero, donde el 96.1% de los ingresos provienen de la Federación y apenas el 3.9% son recursos propios: “es una sentencia de vulnerabilidad”, advirtió.
Además, reclamó la falta de estrategias para diversificar ingresos y atraer inversión a regiones olvidadas como la Montaña, la Costa Chica y la Sierra, que son las más vulnerables por sus altos niveles de marginación.
Además, exigió explicaciones sobre la distribución geográfica de los fondos federales de los Ramos 28 y 33 por región y municipio en el ejercicio fiscal 2025, así como los mecanismos de monitoreo ciudadano para priorizar zonas de mayor pobreza.
Recriminó los subejercicios presupuestales en 2024 y 2025 que han llevado a devoluciones de recursos económicos a la Federación en un estado con tantas carencias, y advirtió que las devoluciones por no ejercicio son “más que fallas administrativas” y representan recursos que no llegan a escuelas, caminos y hospitales, afectando directamente a la población.